El Observatorio de Políticas Públicas de Control Fiscal (OPPCF) es el grupo de investigación creado por la Auditoría General de la República con el fin de investigar científicamente sobre control fiscal y vigilancia del control fiscal. El control fiscal es la función constitucional y legal que ejercen las contralorías y los ciudadanos sobre el gasto público y el uso de los recursos naturales. La vigilancia del control fiscal es la función constitucional que ejerce la Auditoría General de la República y los ciudadanos sobre el modo en que las contralorías cumplen con su mandato. En el año 2019 se reformó la Constitución Política de Colombia en relación con el control y la vigilancia del control fiscal, lo cual se hizo mediante el Acto Legislativo 04 de 2019. Uno de los aspectos más importantes de la reforma fue la asignación de nuevas funciones constitucionales a la Contraloría General de la República y a la Auditoría General de la República. La primera puede ahora hacer un control previo y concomitante, lo cual permite intervenir en aquellas situaciones en las que se ponen en riesgo los recursos públicos, y la segunda debe ahora certificar el funcionamiento de las contralorías territoriales. Este cambio en el ordenamiento jurídico constitucional y legal ha permitido fortalecer el control fiscal y la vigilancia del control fiscal mediante el uso de nuevas herramientas de análisis, recolección y tratamiento de los datos. Sin embargo, aún hay temas por investigar como es el modo en que las contralorías y la AGR usan los datos en su ejercicio auditor (Tema de investigación sobre medición de la calidad del control fiscal y de la vigilancia del control fiscal y tema de investigación sobre insumos y herramientas para el ejercicio del control fiscal y la vigilancia del control fiscal). El Grupo de Investigación cuenta con productos de nuevo conocimiento que demuestran su capacidad para analizar la contratación pública aplicando métodos estadísticos y en los que consta que ha desarrollado métodos de evaluación del desempeño de las contralorías territoriales de acuerdo con su nueva misión constitucional.
En el año 2020 el Grupo publicó el "Modelo de Análisis para la Identificación de Riesgos de Contratación en el Ámbito Territorial: Un Análisis de la Contratación Estatal en la Emergencia Sanitaria Debido al Covid19" en al Revista Verba Iuris y en el mismo año también público la "Metodología para la certificación anual de gestión y las evaluaciones parciales trimestrales de las contralorías territoriales. Versión 1.0. Julio 2020". Estos antecedentes de productos de nuevo conocimiento sirven para justificar una agenda de investigación que propone medir los efectos del cambio normativo y diseñar nuevas herramientas para el fortalecimiento del control fiscal y la vigilancia del control fiscal. Conviene resaltar que el cambio constitucional ha prescrito el uso de "indicadores de gestión" con el fin de medir el desempeño de las contralorías territoriales y vale la pena señalar que no hay investigaciones previas que indaguen sobre el modo en que el control fiscal(lo que hacen las contralorías) y la vigilancia del control fiscal(lo que hace la AGR) mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Adicionalmente, la reforma constitucional ha puesto un interés en el goce efectivo de derechos humanos y por esa razón el control fiscal y la vigilancia del control fiscal tienen ahora el deber de evaluar los efectos del trabajo de las contralorías y la Auditoría General de la República sobre el goce efectivo de derechos. Al respecto el Grupo de Investigación publicó en 2021 el paper que se titula "Contratación estatal, pobreza, captura del Estado y participación electoral", el cual fue elaborado por el investigador Manfred Grautoff. En dicho documento se demuestra que la pobreza y la presencia de economías criminales afectan la contratación pública territorial. De esta manera, en la agenda de investigación se propone estudiar la manera en que el trabajo de las contralorías puede influir sobre el goce efectivo de derechos de los ciudadanos. Estos hallazgos justifican un tercer tema de interés como es la relación entre la gestión fiscal, el control fiscal y su efecto sobre el goce efectivo de derechos. Por último, el Grupo de Investigación ha avanzado en el análisis de algunos conflictos entre normas que deben ser atendidos de tal manera que los actos administrativos posteriores a la reforma constitucional se diseñen de manera coherente con el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020.
