La Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, en cabeza del Magistrado Ponente, profiere sentencia en el proceso de revisión del presente caso. Las demandantes entablan acción de tutela por la supuesta vulneración tutela de su derecho fundamental de propiedad privada debido a que no han podido inscribir la escritura pública correspondiente a la liquidación, partición y adjudicación de un bien inmueble ya que en el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente están inscritas dos medidas cautelares que datan de los años cincuenta, en distintas ocasiones han intentado determinar cuál es la autoridad judicial que ordenó dichos embargos con el fin de solicitar el levantamiento de los mismos y la cancelación de los registros pero no existe información al respecto en los juzgados de Zipaquirá ni en las dependencias de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
